ECONOMÍA EN EL CONFLICTO, DEVUELTA A LA ECONOMÍA TRADICIONAL

Colombia ha sido un país en guerra por más de medio siglo con la guerrilla más vieja y los grupos subversivos más diversos, por ello su economía se ha centrado y girado en torno a la prevención y confrontación del conflicto armado. La inversión del Estado se ha reducido a su mínima expresión, por lo menos en un control, en cuanto se refiere a infraestructura, desarrollo rural, programas sociales, educación, entre otros.
Gracias a esto, el presupuesto del Estado puede fácilmente ser redirigido desde el gobierno central al gobierno descentralizado, quien puede invertirlo en diferentes proyectos o en la conectividad territorial, sin tener controles rigurosos del gasto y a la sombra del riesgo público, el cual genera sobrecostos en los proyectos.
Superficialmente se consideraría una relación desigual para con el gobierno central; pero no es así. El gobierno descentralizado se asegura de ejercer la presión necesaria para dar vía libre a los intereses del gobierno central; explotación de recursos, ceder territorios, garantizar la recolección de impuestos, proyectos de infraestructura, entre otros. Con esto, el gobierno central asegura su supervivencia, y de quienes lo apoyaron, y los gobiernos descentralizados su parte.
La necesidad de resguardar la integridad y vida de las personas a través de la inversión en la prevención y confrontación del conflicto armado, deja en segundo plano los derechos sociales, económicos y culturales.
Y aunque se quiso dar un nuevo rumbo a la economía de Colombia, la inversión social genera utilidades a largo plazo y requiere mucha energía y disciplina. Hacer a las personas productivas o activar el mercado rural con vías que conecten a todos los territorios del país no se logra momentáneamente, pese a las donaciones de otros países.
Entonces, volvemos a una economía tradicional, el apoyo económico o tributario a las grandes corporaciones o inversionistas quienes pueden asegurar a corto plazo una retribución indirecta en impuestos; genero empleo y los trabajadores pagan sus impuestos. Asfixiar en temas tributarios al comerciante para obligarlo a comprar los productos de las grandes corporaciones, quienes por los beneficios tributarios pueden competir en el mercado.
Cabe aclarar que la dependencia económica del crudo no es una opción, los precios han caído, y seguirán cayendo, como consecuencia de la crisis de países petroleros y la monopolización de dicho mercado. Demasiada incertidumbre para ser optimistas y para mi gusto. Resulta más garantista observar con detenimiento qué demandarán los gobiernos descentralizados en su plan anual de adquisiciones para saber de primera mano los sectores económicos favorecidos.
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Cordialmente,
César A. Méndez V.
Abogado – Especialista en contratación estatal, maestrando en
derecho y ciencias políticas, UGC, más de 5 años de trayectoria en la
administración de relaciones laborales en empresas de más de 2000 trabajadores y más de 2 años asesorando pymes y
particulares en derecho público, contractual, laboral, seguridad social y
constitucional.